La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que el sábado 18 de julio de 2026 fue detenido Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, en el marco de las investigaciones por el homicidio del periodista, profesor y abogado Josué Martínez Contreras.
El asesinato ocurrió la mañana del jueves 16 de julio de 2026, frente a su hijo de 13 años, un hecho que conmocionó a la sociedad y que representa un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales para la democracia y la justicia social.
La captura se realizó a las 14:04 horas en la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, entre la Autopista Arco Norte y Domingo Arenas, cuando agentes de la Policía de Investigación Estatal realizaban diligencias relacionadas con el caso.
Según el comunicado oficial, la detención se efectuó por la probable responsabilidad de Montalvo Juárez en el delito de cohecho. Se le acusa de haber ofrecido a los agentes un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran, con la intención de evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación en su contra.
Los agentes rechazaron inmediatamente la oferta y procedieron a su detención con estricto apego a la legalidad, informándole en todo momento sus derechos como persona detenida. El arresto tuvo lugar cerca de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, luego de que el detenido manifestara a los agentes que sabía que era objeto de una investigación.
El presidente auxiliar fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.
Por su parte, la FGE reiteró que las investigaciones por el homicidio del periodista continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos en agravio de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos, en un contexto donde la violencia y la corrupción siguen siendo obstáculos para la justicia y la igualdad social. La Fiscalía aseguró su compromiso de actuar con firmeza, imparcialidad y estricto apego a la ley, garantizando que ninguna persona obstaculice la procuración de justicia mediante actos de corrupción o conductas que interfieran con las investigaciones.
En un país marcado por la desigualdad y la concentración del poder, la defensa de la verdad y la justicia social debe ser una prioridad colectiva, y la sociedad civil, junto con las instituciones responsables, deben mantenerse vigilantes para que hechos como este no queden impunes.