En la ciudad de Puebla, alrededor de 90 agrupaciones de comerciantes informales operan en 27 puntos estratégicos, entre ellos el Centro Histórico, el Centro Integral de Servicios (CIS) y zonas hospitalarias, según un reporte reciente de la Dirección de Vía Pública del Ayuntamiento.
Este fenómeno, que refleja la compleja realidad económica y social de la región, involucra a cerca de mil 679 vendedores, de los cuales el 78 por ciento se dedica al sector alimenticio, ofreciendo tacos, hamburguesas, antojitos mexicanos, tamales y carnitas, entre otros productos. Otros sectores destacados son la venta de ropa y bisutería.
El informe municipal señala que, aunque en 2026 se otorgaron menos permisos para vendedores ambulantes —22 mil autorizaciones frente a 25 mil en 2025—, los ingresos por el cobro de estos permisos aumentaron de 7.4 a 9.1 millones de pesos en el mismo periodo. Este dato revela la persistencia y la importancia económica de la informalidad, que no puede ser ignorada en las políticas públicas.
Entre las agrupaciones con mayor número de integrantes destacan la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Doroteo Arango y Antorcha Campesina. César Bermúdez Oliver, titular de la Dirección de Vía Pública, reconoció que estas organizaciones representan “focos de atención” debido a la resistencia de sus miembros para acatar las acciones de retiro. Explicó que, aunque algunos vendedores cumplen con las disposiciones por unas horas, suelen regresar rápidamente a los lugares donde se les prohíbe establecerse.
Los operativos de reordenamiento continúan activos en toda la ciudad, con especial atención en zonas universitarias y hospitalarias, donde la presencia de puestos informales es vigilada para evitar su instalación. Este esfuerzo refleja la tensión entre la necesidad de orden urbano y la realidad de miles de personas que dependen de la venta ambulante para su sustento.
Este escenario pone en evidencia la urgencia de políticas integrales que reconozcan la informalidad como un fenómeno ligado a la desigualdad económica y social, y que promuevan soluciones que respeten los derechos colectivos y el bienestar de los sectores más vulnerables. En este contexto, iniciativas como el cablebús en Puebla, que mejoran el transporte público y conectividad, pueden contribuir a generar oportunidades y reducir la precariedad que alimenta la informalidad.