El fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, ofreció ayer nuevos detalles que contradicen la versión oficial del gobierno de Estados Unidos respecto al asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado. Según la información difundida por Reitz, no hubo agresión previa por parte de Salgado contra un vehículo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de que los agentes le dispararan.
El fiscal explicó que los agentes del ICE buscaban a dos hombres guatemaltecos que conducían una camioneta similar a la de Salgado, y que se parecían al mexicano y a su acompañante. Esta versión difiere del comunicado inicial del Departamento de Seguridad Nacional, que señalaba a Salgado como el objetivo directo de una operación de control migratorio.
De acuerdo con Reitz, cuatro agentes en dos vehículos policiales rodearon la camioneta de Salgado. Dos oficiales descendieron y le indicaron que pusiera la marcha en Parking. Uno de ellos estaba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado intentó dar marcha atrás y luego avanzar, lo que llevó al enfrentamiento fatal. Sin embargo, la fiscalía no reportó ninguna colisión entre la camioneta de Salgado y los vehículos policiales, ni mencionó que el agente haya actuado en “defensa propia”. Tampoco se registraron lesiones entre los oficiales involucrados.
La identidad del agente que disparó no ha sido revelada, ni se ha confirmado si fue la misma persona que estaba junto a la camioneta en el momento del incidente.
En paralelo, se dio a conocer que los agentes del ICE que asesinaron en Biddeford al migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, portaban cámaras corporales que “no podían encender”, según reveló The Intercept al citar a cuatro funcionarios de la agencia. Esto contradice la versión oficial que aseguraba que los agentes no llevaban estos dispositivos.
Los agentes usaban micrófonos con altavoz remoto Motorola SVX Video, un equipo inalámbrico con cámara, pero sólo para comunicación interna, ya que la función de grabación de video requiere una suscripción adicional. Esta situación evidencia la falta de modernización y transparencia en el equipo de vigilancia del ICE, a pesar de que la agencia anunció la compra y distribución de cámaras corporales para todos sus equipos de arresto.
El ICE planea gastar más de 100 millones de dólares en un contrato de seis años para radios inteligentes Motorola, mientras que Axon, empresa conocida por sus cámaras corporales y anteriormente llamada Taser, recibió una solicitud de compra por 220 millones de dólares. Cabe destacar que dos semanas antes de esta solicitud, el expresidente Donald Trump adquirió acciones de Axon por un valor de 5 millones de dólares, lo que plantea cuestionamientos sobre los intereses corporativos detrás de la modernización del equipo policial.
Estos hechos reflejan una vez más la violencia sistemática y la falta de rendición de cuentas en las políticas migratorias de Estados Unidos, que afectan desproporcionadamente a las comunidades migrantes. La justicia social exige que se esclarezcan estos crímenes y se garantice el respeto a los derechos humanos, frente a un aparato estatal que continúa operando con impunidad y favoreciendo intereses corporativos por encima de la dignidad humana.