El domingo 19 de julio de 2026, durante un acto masivo en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó claro que no habrá más procesos electorales que puedan poner en riesgo el control del oficialismo en el país. En un discurso contundente, Ortega afirmó: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Desde 2007, Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, ha gobernado Nicaragua en medio de denuncias constantes de fraude electoral y la sistemática eliminación de la oposición para asegurar su permanencia en el poder. Desde 2017, comparte el gobierno con su esposa, Rosario Murillo, quien fue vicepresidenta hasta febrero de 2025, cuando una reforma constitucional la designó copresidenta, un cargo sin precedente ni legitimidad democrática.
En su discurso, Ortega acusó a la oposición exiliada de estar “agazapada” y de buscar enriquecerse mediante la captura del poder a través de elecciones, a las que calificó de imposibles bajo su régimen. Además, anunció que trabajarán con la Asamblea Nacional, subordinada al Ejecutivo, para aprobar leyes que bloqueen a los “golpistas” y “vendepatrias”, advirtiendo que ni siquiera el financiamiento extranjero, en referencia a Estados Unidos, podrá cambiar esta realidad.
Esta postura se enmarca en la reforma constitucional aprobada a inicios de 2025, que eliminó el equilibrio de poderes y concentró el poder absoluto en Ortega y Murillo. La enmienda amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, estableció la figura de copresidenta y transformó el Estado, dejando de llamar “poderes” a los órganos del gobierno. Esta reforma ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por la oposición nicaragüense.
Aunque las elecciones generales estaban previstas para noviembre de 2026, la reforma constitucional pospuso el proceso hasta noviembre de 2027, consolidando así la permanencia del régimen sin competencia electoral real. En enero de este mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que Murillo creó el cargo de copresidenta sin mandato ni legitimidad, y acusó a la pareja presidencial de negar a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque saben que no podrían ganar en un proceso libre.
Este escenario evidencia la profundización de la crisis democrática en Nicaragua, donde el poder se sostiene en la represión y la manipulación constitucional, negando los derechos fundamentales y la voluntad popular. Frente a esta realidad, es indispensable mantener la solidaridad con los pueblos que luchan por la justicia social, la igualdad y la democracia verdadera, valores que deben prevalecer sobre los intereses autoritarios y corporativos que perpetúan la desigualdad y la exclusión.