Una mujer fue sorprendida intentando robar varios juguetes en una sucursal de Coppel ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. El intento de hurto fue frustrado por los empleados del establecimiento, quienes la confrontaron y recuperaron la mercancía.
De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el valor de los artículos sustraídos asciende a aproximadamente dos mil pesos mexicanos.
En un video difundido, se observa cómo la mujer, que fingía estar embarazada para ocultar los juguetes, es rodeada por trabajadores de la tienda. Una guardia de seguridad le pide que entregue la mercancía oculta entre su ropa y ordena una revisión más exhaustiva: “Revísale bien el vestido, porque ve todo lo que trae (…) Consíganme una patrulla (…) ¿Con quién vienes?”, se le escucha decir.
Durante la grabación, la mujer comienza a sacar diversos juguetes de entre sus prendas mientras los empleados recogen los artículos que caen al suelo. Este suceso ocurrió a la vista de varios clientes presentes en la tienda.
Los trabajadores advirtieron que solicitarían la presencia de la policía para atender el caso; sin embargo, según el reporte de C4 en Alerta, los agentes municipales nunca llegaron al establecimiento, por lo que no se realizó ninguna detención.
En términos legales, el artículo 369 del Código Federal establece que el robo se considera consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el objeto ajeno, incluso si posteriormente lo abandona o se desapodera de él.
El valor de lo robado y la multa correspondiente se determinan tomando en cuenta el salario vigente al momento del delito, conforme al artículo 369 Bis. La pena por robo, según el artículo 370, puede ser de hasta dos años de prisión si el valor del hurto no excede cien veces el salario mínimo; si supera quinientas veces el salario, la pena puede alcanzar hasta diez años. Las multas oscilan entre cien y quinientas veces el salario.
Además, el artículo 372 señala que si el robo se comete con violencia, la pena puede aumentar de seis meses a cinco años de prisión, y si el acto ilícito constituye otro delito, se aplican las reglas de acumulación.
Este caso pone en evidencia la persistencia de la desigualdad social que impulsa a algunas personas a recurrir a actos desesperados para sobrevivir, mientras que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente para garantizar justicia y seguridad colectiva. La ausencia de una intervención policial oportuna refleja las fallas en la protección de los derechos ciudadanos y la necesidad de fortalecer mecanismos que atiendan las causas estructurales de la pobreza y la exclusión.