El pasado lunes, Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, donde además se le ordenó entregar 15 mil millones de dólares como parte de su sentencia. Ante esta resolución, México anunció que buscará obtener una parte de los bienes decomisados al fundador del Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por recuperar recursos que históricamente han sido producto de la violencia y la corrupción que afectan a la sociedad mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la posibilidad de solicitar a las autoridades estadounidenses una porción de los activos que sean localizados y confiscados. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que México enfrenta una carrera contra el tiempo para identificar y acreditar la propiedad de inmuebles, empresas y cuentas bancarias vinculadas a Zambada antes de que Estados Unidos congele o reclame esos bienes.
David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que aunque la FGR puede iniciar procesos de extinción de dominio e incautación sobre los bienes en territorio nacional, la falta de carpetas de investigación sólidas dificulta la fundamentación legal necesaria para reclamar esos activos. “Hasta donde sabemos, no hay en México una carpeta de investigación con esas características que demuestre que tal edificio, tal fábrica es de El Mayo Zambada”, señaló.
El especialista advirtió que si el Departamento del Tesoro estadounidense se adelanta y congela las cuentas y propiedades, las posibilidades de que México recupere esos recursos se reducen considerablemente. Según estimaciones citadas por Saucedo, la fortuna del narcotraficante podría alcanzar los 50 mil millones de dólares, por lo que la cifra ordenada por la corte estadounidense representa aproximadamente una tercera parte de sus bienes.
Este caso se suma a otros esfuerzos del Gobierno mexicano por recuperar recursos vinculados a la corrupción y el crimen organizado. Por ejemplo, en tribunales de Florida se han obtenido sentencias civiles por más de 3 mil millones de dólares contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, su esposa y empresarios relacionados, aunque la recuperación efectiva hasta ahora ha sido mínima. Asimismo, en 2019 se anunció la intención de reclamar parte de los 12 mil 600 millones de dólares que una corte estadounidense ordenó decomisar a Joaquín El Chapo Guzmán, aunque no se ha informado que México haya recibido recursos de esa orden.
En cuanto a la posibilidad de entrevistar a Zambada, la presidenta Sheinbaum indicó que corresponderá a la FGR determinar si es conveniente obtener información directa sobre las circunstancias que lo llevaron a Estados Unidos. La mandataria se abstuvo de comentar las declaraciones del narcotraficante tras su sentencia, en las que afirmó que “la violencia debe acabar en México. Nadie ganará esta guerra”. Sheinbaum respondió: “Viniendo de quien viene, es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo. Es el principio de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”.
Este proceso judicial y la búsqueda de recuperación de activos deben entenderse en el contexto de la lucha histórica por la justicia social y la equidad en México, donde el combate al narcotráfico y la corrupción es fundamental para reducir la desigualdad y proteger los derechos colectivos de la población. La transparencia y la acción decidida del Estado son indispensables para que los recursos ilícitos no sigan alimentando estructuras de poder que perpetúan la violencia y la exclusión.