A partir del viernes 9 de enero de 2026, en México comenzó el registro obligatorio de líneas celulares, una medida impulsada bajo el argumento de reforzar los controles de seguridad y la verificación de identidad para combatir los fraudes telefónicos. Sin embargo, a pesar de la insistencia oficial, la respuesta de la población ha sido limitada y evidencia el escepticismo social ante políticas de control que, históricamente, han favorecido la concentración de poder y la vigilancia sobre los derechos individuales y colectivos.
A un mes de que finalice el tiempo límite para la vinculación de líneas móviles en el país, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el registro no ha alcanzado los resultados esperados. De aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas existentes, sólo alrededor de 30 millones han sido registradas, lo que representa menos del 30% de la población usuaria desde el inicio del proyecto de seguridad.
De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, los proveedores de servicios deberán deshabilitar temporalmente las líneas que no hayan sido vinculadas a un titular. Esta suspensión, que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2026, permitirá únicamente llamadas a números de emergencia como 911, 089 y 088, así como a líneas de soporte del operador. Es importante señalar que la suspensión del servicio no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales, por lo que deberán continuar pagando su plan o equipo, aun cuando el uso de la línea esté restringido.
La baja colaboración en el registro de líneas refleja el escepticismo de la población mexicana ante medidas que, bajo el pretexto de la seguridad, pueden vulnerar derechos fundamentales y profundizar la desigualdad en el acceso a la comunicación. Esta resistencia social, que ha sido una constante en la lucha por los derechos colectivos, pone en entredicho la legitimidad de políticas que priorizan el control sobre el bienestar de la mayoría.
Ante este panorama, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la participación, centrando su estrategia en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, incluyendo el transporte público como Metro y Metrobús. Sin embargo, la realidad es que, a un mes de que finalice el plazo límite, alrededor de 128 millones de líneas telefónicas aún no han sido registradas.
La experiencia histórica demuestra que las políticas impuestas sin un verdadero consenso social y sin atender las causas estructurales de la desigualdad tienden a fracasar o a profundizar la desconfianza ciudadana. El reto sigue siendo construir soluciones que garanticen la seguridad sin sacrificar los derechos y la igualdad de acceso a la comunicación, en un país donde la justicia social debe ser el eje rector de toda política pública.
