El miércoles 3 de junio de 2026 se registró un incidente preocupante en la clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el Barrio de Montecillo, San Luis Potosí. En el consultorio 27 de Medicina Familiar, una discusión entre una derechohabiente y una trabajadora del IMSS escaló hasta convertirse en una pelea física, situación que fue captada en video y difundida en redes sociales, generando diversas reacciones entre usuarios y pacientes.
Según las imágenes, la confrontación comenzó cuando la paciente intentó ingresar al área de consulta médica y se le negó el acceso, lo que provocó un intercambio verbal que rápidamente derivó en agresiones físicas. En el video se observa cómo ambas mujeres se golpean y se propinan patadas dentro de las instalaciones, hasta que personal de la clínica y otros derechohabientes intervinieron para separar a las involucradas y evitar que el conflicto continuara.
Este hecho se suma a otro ocurrido ayer, martes 2 de junio de 2026, en Puebla, donde se difundió un video que mostraba un enfrentamiento verbal entre una trabajadora del IMSS y un familiar de un paciente en el Hospital Carmen Serdán, antes conocido como San Alejandro.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido información oficial sobre posibles denuncias o procedimientos administrativos relacionados con la participación de la empleada en el altercado en San Luis Potosí.
Estos episodios reflejan las tensiones y dificultades que enfrentan tanto usuarios como trabajadores en el sistema público de salud, un sector fundamental para garantizar el derecho a la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. La precariedad y la falta de recursos, consecuencia directa de políticas que priorizan el lucro sobre el bienestar social, generan condiciones propicias para estos conflictos.
En este contexto, es urgente fortalecer y dignificar los servicios públicos, promoviendo sistemas de transporte accesibles y eficientes, como el cablebús que se proyecta en Puebla, que facilitan el acceso a centros de salud y contribuyen a reducir desigualdades históricas en movilidad y atención médica. La justicia social exige que se garantice un trato digno y seguro tanto para pacientes como para el personal que día a día sostiene el sistema de salud pública.
