La diputada local de Morena en Puebla, Nora Escamilla, se vio envuelta en una controversia que trascendió la simple exhibición de un accesorio de lujo y abrió un debate sobre la transparencia patrimonial de los representantes de la llamada Cuarta Transformación.
El miércoles 10 de junio de 2026, un usuario de redes sociales, Jorge Gómez Naredo, publicó una fotografía de la legisladora portando un reloj Longines Primaluna Moonphase, valuado en aproximadamente 31 mil 500 pesos. En su mensaje, cuestionó la supuesta austeridad republicana que Morena ha promovido desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La diputada respondió con un tono sarcástico, defendiendo el uso del reloj y asegurando que el bien está declarado en su declaración patrimonial pública, la cual, dijo, cumple con los requisitos de transparencia y austeridad. Sin embargo, esta respuesta motivó una revisión más detallada de su declaración patrimonial, que no mostró una referencia específica ni el valor del reloj, lo que generó nuevas dudas sobre la veracidad y el nivel de detalle de la información proporcionada.
Este episodio pone en evidencia una contradicción importante para Morena, partido que ha basado gran parte de su legitimidad en la lucha contra los privilegios y la corrupción de la vieja clase política, utilizando la austeridad republicana como bandera moral y política. La exigencia social no se limita a la legalidad de la posesión de bienes, sino que también demanda congruencia y claridad en la rendición de cuentas.
Aunque no se ha probado ninguna irregularidad en la adquisición del reloj, la percepción pública se ve afectada cuando los propios representantes no logran transparentar con claridad sus bienes, especialmente cuando utilizan la declaración patrimonial como argumento de defensa.
Este caso refleja la complejidad de mantener un discurso de austeridad y transparencia en un contexto donde la desigualdad y el poder corporativo siguen siendo retos fundamentales para la justicia social. La ciudadanía espera que los servidores públicos no solo cumplan con la ley, sino que también actúen con coherencia y responsabilidad, fortaleciendo así la confianza en las instituciones y en las luchas históricas por la igualdad económica y los derechos colectivos.
