La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, alista una causa penal contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas, por supuestos vínculos de su administración con operaciones de narcotráfico del grupo “Los Cabrera”, una facción del cártel sinaloense conocido como “La Mayiza”. La información fue revelada por fuentes cercanas a la investigación a La Silla Rota.
Según los detalles de la indagatoria, las imputaciones se centran en la protección otorgada a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, presunto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. Tras la detención de “El Mayo” en julio de 2024, Durango ha sido escenario de enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esteban Villegas Villarreal, de 50 años, ocupa el cargo de gobernador desde septiembre de 2022, tras una alianza electoral entre el PRI, PAN y PRD. Su trayectoria política incluye cargos como alcalde de la capital duranguense, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones.
Las fuentes consultadas indicaron que Villegas está al tanto del expediente que la FGR tiene en su contra, el cual también involucra a otros funcionarios estatales, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Se señala que un miembro cercano a la fiscalía local actúa como enlace con Zambada Sicairos.
El gobernador ha compartido con colaboradores próximos la inminencia de acciones legales por parte de la FGR contra varios integrantes del gobierno estatal. Al menos uno de estos colaboradores ha abandonado el estado. Asimismo, se reporta que “El Mayito Flaco” también dejó Durango y su paradero actual es desconocido.
Con esta acción, que se considera inminente, la FGR sumaría a Durango como el segundo estado donde un gobernador enfrenta cargos penales, después de Rubén Rocha Moya, exmandatario morenista de Sinaloa, quien actualmente está con licencia.
Este caso refleja la persistente infiltración del narcotráfico en las estructuras de poder estatal, un fenómeno que afecta gravemente la justicia social y la seguridad de las comunidades. La lucha contra estas redes criminales debe ser prioritaria para garantizar la igualdad y el bienestar colectivo, frente a los intereses que perpetúan la desigualdad y la impunidad.
