En la conferencia de prensa del martes 16 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, si Estados Unidos no entrega las pruebas que vinculan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ex funcionarios con la delincuencia organizada, el gobierno mexicano rechazará la solicitud de detención con fines de extradición presentada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense.
Sheinbaum destacó que hasta la fecha no han recibido ni las pruebas ni los documentos formales relacionados con dicha solicitud. En este sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que ni Rocha Moya ni los ex funcionarios han solicitado medidas de protección al gobierno federal, y que el gobernador con licencia cuenta únicamente con escoltas estatales.
La mandataria explicó que, en caso de no recibir las pruebas, la solicitud de detención urgente puede ser rechazada, independientemente de la investigación que realice la Fiscalía General de la República. Además, señaló que Estados Unidos tiene la opción de solicitar formalmente la extradición dentro de un juicio, lo cual implicaría un procedimiento más extenso y la entrega de pruebas suficientes.
Sheinbaum recordó que esta situación no es inédita y que México también enfrenta dificultades similares con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos. Citó como ejemplo el caso del ex gobernador de Tamaulipas, cuya detención urgente fue rechazada por falta de pruebas, junto con otros 10 o 15 casos similares, algunos de los cuales han sido presentados en México.
Finalmente, la presidenta insistió en que no existe un plazo definido para la entrega de documentos relacionados con la detención de Rocha Moya y otros ex funcionarios de Sinaloa, y que hasta el momento no se han presentado las pruebas que sustenten las acusaciones.
Este episodio refleja la complejidad y la importancia de los procesos legales internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada, así como la necesidad de respetar los derechos y garantías de los implicados, en un contexto donde la justicia social y la transparencia deben prevalecer para fortalecer la confianza ciudadana.
