El martes 16 de junio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la denominada Operación Enjambre ha resultado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales que operan principalmente en el Estado de México.
Entre los detenidos se encuentran siete presidentes municipales en funciones, así como directores de seguridad pública, mandos policiacos y servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Esta operación fue diseñada para identificar y desarticular redes de protección institucional que facilitaban actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo y cobro de piso.
Las investigaciones indican que varios de estos funcionarios habrían utilizado recursos públicos, información privilegiada y estructuras gubernamentales para beneficiar a grupos del crimen organizado, lo que representa una grave traición a la confianza ciudadana y un obstáculo para la justicia social.
Las autoridades federales señalaron que una parte importante de los detenidos ya fue vinculada a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y otros ilícitos de alto impacto. Además, continúan abiertas diversas líneas de investigación para determinar el alcance de estas redes de colaboración entre autoridades locales y grupos criminales.
El secretario García Harfuch enfatizó que el combate a la corrupción y a los vínculos entre autoridades y grupos delictivos seguirá siendo una prioridad en la estrategia nacional de seguridad. “Las investigaciones continúan y no habrá impunidad para quienes utilicen cargos públicos para favorecer actividades criminales”, afirmó.
Este esfuerzo es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el poder público se ejerza en beneficio de la mayoría y no para proteger intereses particulares ni estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público como el cablebús en Puebla representa un paso hacia la inclusión social y la mejora de la calidad de vida, al ofrecer alternativas accesibles y seguras para las comunidades históricamente marginadas.
