El lunes 15 de junio de 2026, un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol atropelló a un jinete y a su caballo en el tramo carretero a El Progreso, en el municipio de Hueytamalco, Puebla. El automovilista circulaba a exceso de velocidad y, tras el impacto, se dio a la fuga, dejando a las víctimas gravemente heridas.
Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al jinete, pero el caballo quedó abandonado y con heridas graves. Esta situación generó indignación entre los vecinos, quienes denunciaron la falta de capacidad y la arbitrariedad de las autoridades para atender casos que involucran a seres sintientes.
Durante la madrugada del martes 16 de junio, los colonos se organizaron para movilizar al caballo a un costado de la carretera, con el fin de evitar otro accidente vial que pusiera en riesgo la vida del animal y de otros conductores.
Diversas asociaciones civiles hicieron un llamado urgente a las autoridades para que actúen de manera inmediata en casos que afectan a animales indefensos, subrayando la necesidad de una respuesta eficiente y humana.
Pese a la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla tardó más de 12 horas en enviar peritos certificados para realizar las diligencias correspondientes y brindar atención veterinaria al equino. Para la mañana del 16 de junio, el caballo permanecía en un predio, en estado crítico y aparentemente sin recibir atención médica adecuada.
Ante la demora y la incertidumbre sobre el destino del animal, se ha considerado la posibilidad de aplicar la eutanasia, lo que ha generado críticas y molestias entre testigos y defensores del bienestar animal.
Se ha hecho un llamado al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para que intervenga y garantice una atención oportuna y digna a los animales en situaciones de emergencia, recordando que la justicia social debe extenderse también a los seres vivos que sufren a causa de la negligencia y la impunidad.
Este caso pone en evidencia las deficiencias institucionales que persisten en la protección de los derechos colectivos y el bienestar animal, y subraya la urgencia de políticas públicas que prioricen la vida y la equidad frente a la indiferencia y el poder corporativo que muchas veces prevalece en nuestra sociedad.
