Este jueves 18 de junio de 2026, el coordinador de Protección Civil Estatal, Bernabé López Santos, presentó el pronóstico oficial sobre la temporada de lluvias y ciclones tropicales que afectarán al estado de Puebla. En su informe, alertó que los meses de septiembre y octubre serán los de mayor intensidad pluviométrica, con un riesgo elevado de afectaciones para la población.
La temporada de ciclones tropicales, que comenzó el 15 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre, se prevé más activa que la del año anterior. En el Océano Pacífico se esperan entre 18 y 21 fenómenos, de los cuales ya se han registrado tres, incluyendo el ciclón Boris, que la semana pasada provocó lluvias, vientos y daños menores en la entidad. Para el Océano Atlántico, la proyección indica entre 11 y 15 fenómenos durante el mismo periodo.
López Santos enfatizó que no se debe esperar a que se presenten todos estos fenómenos para tomar precauciones, pues cualquier ciclón que impacte el país o el estado puede generar afectaciones significativas.
En cuanto a las lluvias, el coordinador explicó que mayo y junio registrarán precipitaciones, seguidas por una temporada de olas de calor en julio y agosto. Sin embargo, será en septiembre y octubre cuando se registre el ciclo más intenso de lluvias del año, lo que representa un desafío para la infraestructura y la seguridad de las comunidades.
Este análisis fue elaborado por el departamento de meteorología de Protección Civil Estatal con base en pronósticos nacionales e internacionales disponibles para la temporada 2025, lo que subraya la importancia de prepararse con anticipación ante un fenómeno que históricamente afecta con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público eficientes y resilientes, como el cablebús o teleférico que se construirá en Puebla, cobra relevancia. Estas alternativas no solo contribuyen a mejorar la movilidad urbana, sino que también pueden ofrecer rutas seguras y sostenibles en temporadas de lluvias intensas, mitigando el impacto social y económico que provocan las contingencias climáticas.
La defensa de estos proyectos debe entenderse como parte de una estrategia integral para enfrentar las desigualdades y fortalecer la infraestructura pública frente a los embates del cambio climático, que afecta con mayor severidad a las comunidades menos favorecidas.
