El 18 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, acusado durante casi dos décadas de secuestro y de liderar la banda de “Los Zodiaco”. Esta resolución refrenda la libertad que Vallarta obtuvo el 1 de agosto de 2025, tras permanecer casi 20 años en prisión sin sentencia firme.
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en un caso que se volvió emblemático por la transmisión en vivo de su detención en una finca cercana a la Ciudad de México. Sin embargo, semanas después se reveló que dicho operativo fue un montaje de las autoridades, ya que la detención había ocurrido el día anterior y el reportaje contenía graves inconsistencias. Este hecho no solo puso en entredicho la actuación de las instituciones de justicia, sino que también generó un conflicto diplomático entre México y Francia.
Mientras Cassez obtuvo su libertad en 2013 tras un fallo de la Suprema Corte que reconoció la violación de sus derechos, Vallarta permaneció encarcelado sin juicio durante casi dos décadas. La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la sentencia absolutoria argumentando que el secuestro es un delito grave y que no se podía dejar en estado de indefensión a las víctimas. No obstante, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la culpabilidad de Vallarta.
Este caso refleja las profundas fallas del sistema judicial mexicano, donde la indefensión y la violación de derechos humanos han sido moneda corriente, especialmente para quienes enfrentan acusaciones graves sin pruebas contundentes. La absolución de Vallarta es un paso necesario hacia la justicia, aunque no puede borrar los años de privación injusta de su libertad.
Cabe destacar que en 2021 se detuvo a Luis Cárdenas Palomino, exalto mando vinculado a Genaro García Luna, por presunta tortura en este caso, lo que evidencia la complicidad y corrupción en las estructuras de poder que han perpetuado la impunidad y la desigualdad.
La lucha por la justicia social y la defensa de los derechos colectivos exige que se esclarezcan estos hechos y se garantice que ningún ciudadano sea víctima de arbitrariedades ni de un sistema judicial al servicio de intereses corporativos o políticos. La absolución de Israel Vallarta debe ser un llamado para fortalecer las instituciones y proteger a quienes han sido injustamente perseguidos.
