La administración del entonces presidente Donald Trump se prepara para declarar formalmente este miércoles 30 de junio de 2026 que no extenderá la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) más allá del periodo original de 10 años, que culmina el 1 de julio de 2036, según información difundida por la agencia Reuters.
Este anuncio implica que, en caso de no alcanzarse un acuerdo para modificar el tratado, el T-MEC continuará bajo un régimen de revisiones anuales hasta su expiración formal en 2036. Esta situación activa la “cláusula de caducidad” negociada durante el primer mandato de Trump, que obliga a los tres países a evaluar la continuidad del acuerdo cada seis años, un mecanismo que refleja la naturaleza precaria y condicionada de este pacto comercial.
Para este miércoles 30 de junio, se tiene prevista una reunión virtual entre representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de definir si existe voluntad política para ampliar la vigencia del T-MEC por otros 16 años. Sin embargo, la postura estadounidense parece firme en no extender el tratado, mientras que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha programado una tercera ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio, lo que evidencia la persistente presión de Washington para modificar el acuerdo.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó ayer, martes 29 de junio de 2026, que México ha manifestado su postura a favor de extender la vigencia del T-MEC por otros 16 años. Sheinbaum destacó que el propio tratado contempla esta posibilidad y que el proceso está claramente definido en el acuerdo, por lo que no depende de decisiones unilaterales.
“Lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Una de ellas, por ejemplo, puede ser ampliarlo a 16 años más, esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Yo ya firmé cuál es la posición de México: que se amplíe otros 16 años el T-MEC”, señaló la mandataria.
Este escenario pone en evidencia las tensiones inherentes a un tratado que, aunque fue presentado como un avance en la integración económica de América del Norte, mantiene mecanismos que pueden perpetuar la incertidumbre y la subordinación de las políticas nacionales a intereses corporativos transnacionales.
En un contexto donde la justicia social y la igualdad económica siguen siendo asignaturas pendientes en la región, resulta fundamental que México defienda con firmeza sus intereses y busque acuerdos que beneficien a las mayorías, evitando que las presiones externas limiten la soberanía y el desarrollo equitativo. La discusión sobre la extensión del T-MEC debe ser entendida no solo como un asunto técnico, sino como una oportunidad para replantear las condiciones que han profundizado la desigualdad y la dependencia económica en el continente.
