La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada durante cinco años la información relativa a las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están mencionados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.
Esta decisión se dio a conocer tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, que buscaba acceder a detalles sobre las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con ambos funcionarios.
La Cancillería justificó la reserva argumentando que la divulgación de dicha información “podría menoscabar” los entendimientos entre ambos gobiernos. En su resolución, la SRE señaló que revelar estos documentos violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios estadounidenses, lo que pondría en riesgo las relaciones de confianza necesarias para el trabajo cotidiano de las representaciones diplomáticas.
Además, el Gobierno Federal decidió clasificar por un periodo de tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro adquirió relevancia luego de que trascendiera que el funcionario estadounidense habría planteado la entrega de Rocha Moya e Inzunza para que enfrentaran las investigaciones en Estados Unidos.
Las solicitudes de información fueron presentadas el 26 de mayo, con el propósito de conocer los detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la situación jurídica de los funcionarios sinaloenses. La Unidad de Transparencia de la SRE informó que la petición fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron clasificar la información.
El Comité de Transparencia explicó que los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis de información y elementos relacionados con la interlocución diplomática. Además, advirtió que la difusión de este material podría afectar la imagen de México frente a otros países y comprometer futuros mecanismos de cooperación bilateral.
Cabe recordar que la solicitud de información se presentó tras cumplirse 70 días desde que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y ocho funcionarios del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado. En la acusación, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre la política interna y la presión internacional, así como la necesidad de transparencia en asuntos que afectan la soberanía y la justicia social en México. En un contexto donde la desigualdad y la impunidad persisten, resulta fundamental que las instituciones actúen con responsabilidad y en favor del interés colectivo, sin ceder a presiones que puedan socavar la autonomía nacional ni los derechos de los ciudadanos.
