Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que sanciona con hasta 22 años y medio de prisión la cohabitación forzada, una práctica que vulnera los derechos fundamentales de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad. Esta decisión histórica convierte a Puebla en la entidad número 13 del país en legislar contra esta forma de violencia, marcando un avance significativo en la lucha por la justicia social y la protección de los derechos colectivos.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece penas de 8 a 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de 18 años o personas vulnerables a convivir informalmente en condiciones similares al matrimonio. La sanción puede aumentar hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima. Esta medida representa un paso firme contra la discriminación estructural y la normalización de prácticas que perpetúan la desigualdad y la pobreza.
El dictamen fue impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la exposición de motivos, se destacó que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir los 18 años, lo que evidencia la urgencia de legislar en favor de quienes históricamente han sido marginados por el sistema capitalista y las costumbres patriarcales.
En 2022, más de 9 mil bebés nacieron de madres menores de 15 años en el país, un dato alarmante que revela la magnitud de la problemática. La reforma busca reducir los índices de deserción escolar y embarazo adolescente, fenómenos estrechamente ligados a las uniones forzadas y que perpetúan el ciclo de desigualdad social.
El Congreso subrayó la importancia de evitar los matrimonios forzados de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años, así como de personas que no comprenden o no pueden resistir la cohabitación forzada. Esta iniciativa responde a la necesidad de erradicar la violencia de género y proteger a quienes han sido históricamente excluidos de la justicia y la igualdad.
En 2025, Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, superando el promedio nacional de 2.39, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). Aunque la cifra es menor a la de 2018, cuando fue de 3.68, la reducción ha sido insuficiente para sacar a Puebla del grupo de los diez estados con mayor incidencia de estos casos.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, ubicó a Puebla el año pasado en el octavo lugar nacional en nacimientos de niñas de 12 a 14 años, solo detrás de entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
Esta reforma representa una victoria para quienes luchan por la igualdad, la protección de la infancia y la erradicación de prácticas que perpetúan la injusticia social. Es un recordatorio de que la defensa de los derechos colectivos y la búsqueda de una sociedad más justa siguen siendo tareas urgentes frente a las resistencias del poder económico y las tradiciones que perpetúan la desigualdad.
