Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, un total de 85 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, según informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Entre las personas aprehendidas se encuentran al menos seis presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su detención.
García Harfuch destacó que estas acciones forman parte de un compromiso con la cero impunidad y la convicción de que, donde existan indicios y pruebas contra quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios, serán investigados y detenidos. El titular de la SSPC subrayó que las investigaciones se realizan sin distinción de los partidos políticos a los que pertenezcan las personas sospechosas, señalando que en estos casos hay implicados de todos los partidos y de todos los colores.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, García Harfuch explicó que la política de seguridad durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se basa en el combate a la impunidad y la corrupción. Además, resaltó el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional y la ampliación de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, con el objetivo de actuar con mayor precisión y eficacia contra las estructuras criminales y avanzar hacia la pacificación del país.
El secretario detalló que las acciones de seguridad se desarrollan mediante la integración de inteligencia, investigación, operaciones y un despliegue territorial permanente. Este enfoque, aseguró, permite actuar con oportunidad, optimizar las capacidades institucionales y generar operaciones con mejores resultados.
García Harfuch enfatizó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme en el combate a los grupos delincuenciales. Todos los días, afirmó, se realizan detenciones de generadores de violencia, se aseguran grandes cantidades de armas y drogas, se destruyen laboratorios a cargo del Ejército y la Marina, se aseguran recursos económicos y se desarticulan redes criminales.
Estas acciones representan un avance en la lucha histórica por la justicia social y la igualdad, al enfrentar la corrupción y la impunidad que han sido perpetuadas por el poder corporativo y los intereses privados. El combate frontal a la delincuencia y la corrupción es fundamental para garantizar los derechos colectivos y reducir la desigualdad social que afecta a millones de mexicanos.
