El pasado abril, la diputada local de Morena, Elisa Limón Balderrábano, presentó en el Congreso de Puebla una iniciativa para controlar el precio de las rentas en el estado, con el propósito declarado de evitar el desplazamiento de familias debido al aumento en el costo del alquiler de vivienda. Sin embargo, esta propuesta ha generado alarma entre los profesionales del sector inmobiliario poblano, quienes advierten que podría agravar el déficit habitacional que enfrenta la entidad.
En conferencia, Julio Javier Préstamo Abrego, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) de Puebla, criticó la iniciativa y señaló que intentar controlar el precio de las rentas desalentaría la inversión en el mercado inmobiliario local. Explicó que los inversionistas tardan hasta 20 años en recuperar sus recursos mediante las rentas, por lo que una regulación de este tipo podría afectar la oferta de vivienda.
Préstamo Abrego ejemplificó con el caso de San Francisco, Estados Unidos, donde la regulación del incremento en las rentas provocó una reducción del 15 por ciento en la oferta de vivienda. Advirtió que una disminución similar en Puebla, que ya enfrenta un déficit habitacional del 18 por ciento, podría disparar los precios debido a la menor disponibilidad de inmuebles.
Por su parte, Arturo Sánchez, consejero directivo de AMPI Puebla, destacó que en la zona metropolitana de la ciudad existen aproximadamente 350 mil inmuebles en renta, cifra insuficiente para atender la demanda anual de 60 mil estudiantes que llegan a la capital, quienes desplazan a los habitantes locales en la búsqueda de vivienda.
Ante esta situación, Sánchez enfatizó que las autoridades deben enfocarse en crear mecanismos para aumentar la oferta de inmuebles en lugar de imponer controles de precios que, a su juicio, no responden a las necesidades de crecimiento y desarrollo del estado.
Además, Julio Javier Préstamo señaló que Puebla se encuentra entre los seis estados con las rentas más accesibles del país, y que las zonas que resultarían más afectadas por la regulación serían la capital poblana, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.
Esta discusión pone en evidencia la tensión entre la necesidad de proteger a las familias vulnerables frente al aumento de los costos de vivienda y la importancia de fomentar un mercado inmobiliario que garantice la oferta suficiente para satisfacer la demanda, especialmente en un contexto donde la desigualdad y el acceso a la vivienda digna siguen siendo retos fundamentales para la justicia social en Puebla.
