La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, se pronunció el lunes 15 de junio de 2026 respecto a la detención de una mujer ocurrida el pasado viernes en el Parque Intermunicipal de Cholula, un hecho que ha generado un amplio debate social en Puebla.
En una declaración pública, Cuautle Torres informó que sostuvo una reunión personal con la afectada para escuchar su versión y conocer las circunstancias del incidente. Durante este encuentro, la alcaldesa ofreció apoyo institucional, que incluye atención y terapia psicológica para la mujer y sus hijos menores de edad, quienes estuvieron presentes durante la detención y aparecen en los videos que se viralizaron en redes sociales.
La presidenta municipal exhortó a la mujer a presentar una denuncia formal ante el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula, con el fin de iniciar una investigación administrativa sobre la actuación de los policías involucrados. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna queja formal.
“Está en su derecho de denunciar”, afirmó Cuautle Torres, subrayando la importancia de que se ejerzan los mecanismos legales para esclarecer los hechos y garantizar la justicia.
Este caso ha provocado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales. Además, autoridades estatales han cuestionado la actuación de la corporación y el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza.
La alcaldesa se deslindó de señalamientos sobre una presunta falta de capacitación policial y reiteró la disposición de la administración municipal para colaborar con las investigaciones en curso.
Mientras las indagatorias avanzan, este incidente pone en evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación policial, especialmente en situaciones donde hay menores de edad involucrados, y reafirma la urgencia de garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los niveles de gobierno.
En un contexto donde la justicia social y la protección de los derechos colectivos deben prevalecer, es fundamental que las autoridades respondan con transparencia y responsabilidad, para evitar que el abuso de poder siga siendo una constante que afecta a las comunidades más vulnerables.
