La presidenta Claudia Sheinbaum decidió reprogramar su visita oficial al estado de Zacatecas durante el pasado fin de semana, optando por trasladarse a San Luis Potosí con el propósito de evitar bloqueos y manifestaciones por parte del magisterio disidente.
La mandataria explicó que esta decisión se tomó para impedir interrupciones o posibles actos violentos en sus eventos públicos, en un momento en que México se encuentra bajo la atención internacional debido a la celebración del Mundial. Sheinbaum señaló que, dado que existen canales institucionales abiertos con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, no era necesario generar tensiones sociales en las calles, calificando la coyuntura como un “mal momento” para propiciar incidentes.
“Estaba prevista alguna interrupción en los eventos, entonces, para que, si estamos en espíritu mundialista, pues mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas”, declaró la presidenta, en referencia a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos locales.
La jornada en San Luis Potosí fue valorada positivamente por Sheinbaum, quien destacó la convivencia con jóvenes con síndrome de Down que ganaron un torneo, calificando el encuentro como “muy, muy divertido”.
Esta decisión presidencial se da en un contexto donde el Gobierno Federal ha descartado, de manera temporal, buscar nuevos acercamientos directos con la dirigencia nacional de la CNTE.
Además, durante el fin de semana se observó un repliegue significativo en el campamento de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el número de docentes instalados disminuyó de casi 2 mil a poco más de 600. Sin embargo, la Coordinadora ha decidido trasladar su capacidad de presión hacia las principales vías de comunicación del país, manteniendo así su lucha por los derechos laborales y sociales.
Este episodio refleja la complejidad de las tensiones sociales en México, donde la búsqueda de diálogo y la prevención de conflictos deben equilibrarse con la legítima demanda de justicia y respeto a los derechos colectivos. En este sentido, la administración federal enfrenta el reto de garantizar la estabilidad social sin renunciar a la apertura y al respeto hacia los sectores históricamente marginados.
