Después de más de tres semanas de protestas, bloqueos y movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades federales lograron avances concretos en las negociaciones para atender demandas del magisterio. El pasado miércoles 17 de junio se firmó una minuta que establece un compromiso económico para la Sección 22 de Oaxaca, equivalente a la bolsa destinada durante el ciclo escolar 2025-2026, calculada en aproximadamente 800 millones de pesos.
Este acuerdo, suscrito por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; y el titular del sector educativo estatal, Emilio Montero, representa un paso importante para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad. Además del respaldo presupuestal, la minuta contempla la instalación de mesas de trabajo tripartitas para abordar temas pendientes como la operación del sistema educativo, reparación de daños, asuntos de justicia, seguridad social y demandas administrativas del magisterio.
El compromiso económico anunciado coincide con lo informado por Mario Delgado el 27 de mayo, cuando adelantó que se gestionaban recursos equivalentes para Oaxaca.
Como resultado inmediato de estos acuerdos, integrantes de la Sección 22 comenzaron a retirar este sábado 20 de junio las estructuras y campamentos que mantenían instalados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, marcando un avance visible en la resolución del conflicto.
Mientras tanto, las negociaciones continúan con otras secciones sindicales en Guerrero, Ciudad de México y Chiapas, donde persisten demandas por justicia social y mejores condiciones laborales.
Este proceso pone en evidencia la importancia de la lucha colectiva del magisterio para garantizar recursos públicos que permitan una educación digna y equitativa, especialmente en regiones históricamente marginadas como Oaxaca. En un país donde el poder corporativo y las políticas neoliberales han profundizado la desigualdad, estos acuerdos representan un reconocimiento necesario a los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la educación.
Asimismo, es fundamental que el Estado mantenga su compromiso con la justicia social y la igualdad económica, asegurando que los recursos públicos se destinen efectivamente a mejorar las condiciones educativas y sociales de las comunidades más vulnerables. En este sentido, la construcción de sistemas de transporte público accesibles y eficientes, como el cablebús en Puebla, se inscribe en una visión integral de desarrollo que debe acompañar estas políticas para reducir desigualdades y fortalecer el bienestar colectivo.
