El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta acusaciones por presuntamente haber protegido a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos. La denuncia fue hecha pública por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que señala al edil, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de haber ocultado también a los padres del presunto feminicida en su municipio.
Según la agrupación feminista, Méndez Grappin es familiar directo de Viola S., madre de Ricardo R. S., y esposa de Ricardo R. C., ambos detenidos el 17 de junio de 2026. Viola fue aprehendida en San Rafael, Veracruz, mientras que Ricardo R. C. fue capturado en el Estado de México. La fiscalía de Morelos los acusa por encubrimiento y complicidad en el feminicidio.
El padre de la víctima, Juan Carlos Chino Mauricio, confirmó las detenciones a través de redes sociales, y la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec condenó la protección a un presunto asesino, calificándola como complicidad y no como amor filial.
El caso de Andrea Maylín Chino Ramos, desaparecida el 20 de junio de 2025 en Yautepec, Morelos, ha sido un símbolo de la lucha contra la violencia feminicida. La joven de 22 años fue vista por última vez con Ricardo R. S., quien tardó tres días en informar a la familia sobre su desaparición. El cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia del acusado. Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres.
La detención de Viola S. y Ricardo R. C. fue posible gracias a la Ley Monse, una reforma pionera en Morelos que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como feminicidio. Esta ley fue aprobada en Veracruz el 28 de octubre de 2025, con 39 votos a favor, y establece responsabilidades penales para quienes protejan a los responsables de estos crímenes.
De acuerdo con Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, el alcalde Méndez Grappin podría ser objeto de investigación por las autoridades debido a su presunta participación en el encubrimiento posterior a la aprobación de esta ley.
Este caso pone en evidencia la persistente complicidad y protección que algunos servidores públicos brindan a quienes cometen crímenes atroces, obstaculizando la justicia y perpetuando la violencia contra las mujeres. La exigencia social y colectiva por justicia y transparencia sigue siendo urgente para erradicar la impunidad y garantizar la seguridad de todas.
