El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, aceptó la condena de cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos. Así lo informó su defensa mediante un escrito presentado el lunes 6 de julio de 2026 ante un tribunal federal en Nueva York.
En el documento entregado al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, los abogados de Zambada reconocen que su cliente se declaró culpable de los cargos en su contra con pleno conocimiento de que la sentencia sería de cadena perpetua, sin solicitar una pena menor. Además, solicitaron que no sea enviado a una prisión de máxima seguridad y que se garantice la atención adecuada a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.
La defensa destacó que desde su llegada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, Zambada manifestó su intención de declararse culpable, evitando litigios prolongados y presentando pocas mociones previas al juicio. Esta actitud, señalaron, permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial estadounidense.
Asimismo, el escrito subraya que Zambada no ha brindado ni pretende brindar “asistencia sustancial” a las autoridades para obtener una reducción de la condena, pero pide que se considere su conducta durante el proceso para emitir una recomendación sobre el centro penitenciario donde cumplirá la sentencia.
Cabe recordar que Zambada, de 76 años, fue detenido tras ser entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Según la defensa y lo admitido por Guzmán López, este último engañó y trasladó por la fuerza a Zambada en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, en la frontera con Nuevo México.
La audiencia para dictar la sentencia definitiva está programada para el próximo 20 de julio ante el juez Cogan, quien también decidirá el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde Zambada cumplirá su condena.
Este caso marca un capítulo más en la lucha contra el narcotráfico, que ha dejado profundas heridas sociales y económicas en México y Estados Unidos. La justicia debe ser firme, pero también debe garantizar condiciones dignas para quienes enfrentan la ley, en un sistema que históricamente ha favorecido a los poderosos y ha dejado de lado a las víctimas y a las comunidades afectadas por la violencia y la desigualdad.
