La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este jueves 9 de julio de 2026 que su administración no promoverá ninguna reforma para gravar las herencias en el país. Durante la conferencia matutina, la mandataria enfatizó que la propuesta de imponer impuestos a las herencias corresponde únicamente a una opinión personal de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, y que no refleja la postura del Ejecutivo federal.
Sheinbaum señaló con claridad: “Es una opinión personal de la ministra Lenia Batres. Nosotros no estamos planteando gravar las herencias”. Esta declaración busca poner fin a la polémica generada tras las expresiones de Batres en una discusión en la SCJN, donde argumentó que las herencias deberían ser gravadas porque representan un patrimonio que no proviene del esfuerzo propio, lo que contribuye a reproducir la desigualdad social.
El debate tuvo lugar en el contexto de un asunto relacionado con el tratamiento fiscal de herencias y recursos heredados de las Afores. Sin embargo, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte no respaldó el criterio de la ministra, por lo que no hubo cambios jurídicos ni modificaciones al régimen fiscal vigente.
Actualmente, en México no existe un impuesto federal específico sobre las herencias. En general, los bienes recibidos por herencia o legado están exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), salvo algunas excepciones previstas en la legislación fiscal.
La postura expresada por la ministra Batres, aunque legítima en cuanto a su preocupación por la desigualdad social, no representa una propuesta oficial del Gobierno federal. En un país donde la concentración de la riqueza y la reproducción de privilegios heredados son factores que profundizan la desigualdad, es necesario que las políticas públicas avancen hacia una mayor justicia fiscal y social. Sin embargo, en este momento, el Ejecutivo federal ha decidido no abrir ese debate legislativo.
Este deslinde de Sheinbaum evidencia la complejidad política que implica enfrentar los intereses corporativos y económicos que se benefician de la acumulación patrimonial sin contribución fiscal, un tema que sigue pendiente en la agenda de justicia social en México.
