Paulina González Garibay fue empleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el área de CFE-Distribución, dentro de las Oficinas Divisionales en Puebla, Puebla. Según los registros públicos, en su declaración patrimonial de modificación 2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, reportó un ingreso neto anual de $60,343,974 pesos por su cargo público. Este monto, que supera ampliamente los salarios habituales dentro del sector público energético, ha llamado la atención tanto de la opinión pública como de las autoridades.
El 27 de febrero de 2025, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, emitió una carta oficial en la que se restringe el acceso de González Garibay a las instalaciones de la empresa. El oficio, firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales, instruyó a la empresa de vigilancia Secumax a no permitirle la entrada “por ningún motivo”. Además, el documento solicita a los encargados de seguridad máxima discreción en la aplicación de esta medida.
Este caso evidencia una contradicción alarmante: mientras algunos funcionarios reportan ingresos extraordinariamente altos, la mayoría de los trabajadores y jubilados del sector público enfrenta condiciones cada vez más adversas. A la par de esta noticia, más de 93 mil jubilados de organismos estatales como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro viven con la amenaza de perder hasta el 60% de sus ingresos mensuales. Esta situación se debe a la reforma al artículo 127 constitucional, que elimina las llamadas “pensiones doradas” y establece un tope máximo de $67,145 pesos mensuales para el año 2026, exceptuando únicamente a integrantes de las fuerzas armadas.
La aplicación retroactiva de esta reforma ha generado una ola de inconformidad, protestas legales y la formación de un Frente Nacional de Defensa de los derechos de las personas jubiladas. Diversos especialistas han señalado que la medida contraviene el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional, y pone en riesgo la estabilidad económica de quienes dedicaron su vida laboral al servicio público.
En un país marcado por la desigualdad y el abuso de poder corporativo, estos hechos ponen de relieve la urgencia de mantener la vigilancia ciudadana y la defensa de los derechos colectivos. Las luchas históricas por la justicia social y la equidad económica exigen transparencia, rendición de cuentas y un trato justo a quienes han trabajado en beneficio de la sociedad. Resulta indispensable que las instituciones públicas respondan ante estos contrastes y privilegien, siempre, el interés social por encima del lucro y la concentración de poder.
