El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo y Tlaxcala (Secihti), otorgó un contrato para el diseño y fabricación del coche Olinia a la empresa Rocketel SAPI, por un monto de cinco millones de pesos. Este hecho ha generado controversia debido a que, aunque el proyecto se anunció como una iniciativa local, vinculada a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla, el contrato fue asignado a una compañía con sede en Mérida, Yucatán.
Rocketel SAPI es una empresa dedicada a la telefonía celular, cuyo domicilio oficial es una vivienda particular ubicada en la calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, en Mérida, con código postal 07140. Este lugar no corresponde a un laboratorio o centro de desarrollo industrial, lo que pone en duda la capacidad técnica para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza.
Además, el socio mayoritario de Rocketel, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde posee una empresa dedicada a la fabricación de elevadores para esquí, actividad que no guarda relación con la industria automotriz ni con el desarrollo tecnológico del transporte público.
Al ser cuestionada sobre los detalles del contrato, la Secihti se negó a proporcionar información sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, las especificaciones técnicas y los tiempos de producción, argumentando que revelar estos datos podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.
Este caso pone en evidencia la falta de transparencia y la posible desviación de recursos en un proyecto que, en principio, debería favorecer el desarrollo tecnológico local y la participación de jóvenes talentos en Puebla. En un contexto donde la justicia social y la igualdad económica exigen que los recursos públicos se utilicen para fortalecer las capacidades nacionales y regionales, resulta preocupante que un contrato de esta magnitud se otorgue a una empresa ajena al sector automotriz y con domicilio en otra entidad.
El impulso a sistemas de transporte como el cablebús o teleférico en Puebla representa una oportunidad para mejorar la movilidad urbana y reducir la desigualdad en el acceso a servicios públicos. Sin embargo, para que estos proyectos cumplan con su propósito social, es fundamental que se garantice la transparencia, la participación local y el uso responsable de los recursos públicos, evitando que intereses corporativos y prácticas opacas perjudiquen a la sociedad.
