La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio de 2026 iniciar un juicio político contra Samuel García, gobernador de la entidad, por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares.
La solicitud fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, dos días después, el Congreso decidió dar trámite al procedimiento contra el mandatario estatal. Aunque no todos los diputados de Morena asistieron a la sesión, esto no impidió la discusión y votación del asunto.
Tras la decisión mayoritaria de la Comisión Anticorrupción, Samuel García será notificado y contará con un plazo de 15 días hábiles para responder. Podrá comparecer ante el Poder Legislativo local por escrito o de manera presencial, conforme al procedimiento establecido.
El origen de este proceso se relaciona con una investigación revelada en abril de 2026, cuando se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) indaga al gobernador por presuntamente orquestar un esquema financiero para desviar recursos públicos y lavar más de mil millones de pesos.
Las indagatorias apuntan a que el mandatario estatal utilizó un modelo de triangulación de fondos gubernamentales para beneficiar directamente a su círculo familiar. A través de diversas empresas, organismos públicos y proyectos de infraestructura, se habría favorecido al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares de Samuel García: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
Según la investigación, el gobierno estatal canalizó recursos públicos mediante mecanismos financieros que terminaban en las cuentas del despacho familiar. Posteriormente, los fondos eran distribuidos a otras empresas, principalmente a la compañía “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que presuntamente recibió transferencias por más de mil millones de pesos.
Finalmente, los recursos de esta empresa inmobiliaria fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera del país, incluso a cuentas en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de dificultar el rastreo financiero y ocultar el origen público de los recursos.
Samuel García ha rechazado las acusaciones, calificándolas como un “refrito”. Aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó estos hechos y emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal. En sus redes sociales, afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la Fiscalía estatal determinó que no existe irregularidad tras analizar las pruebas.
Este caso pone en evidencia la persistente lucha contra la corrupción y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. La justicia social exige que se esclarezcan estos hechos para proteger el patrimonio colectivo y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la sociedad, no para favorecer intereses privados.
