El pasado fin de semana, a través de redes sociales, presuntos trabajadores de los restaurantes asiáticos Deigo Ramen y Deigo Sushi, propiedad del influencer y empresario mexicano Luisito Comunica y sus socios, denunciaron la falta de reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Según la empresa, no habrá pago de utilidades porque supuestamente «no se generaron ganancias sujetas a distribución».
La denuncia, que se difundió mediante una cuenta de tendencias, incluye el testimonio de un supuesto empleado que señala una incongruencia evidente: mientras la empresa afirma no tener utilidades para repartir, continúa abriendo nuevas sucursales, centros de producción y estableciendo alianzas comerciales.
Los señalados como responsables directos son Yoshitake Yanagi Casillas, junto con Luisito Comunica, Oscar Meza, Lalo Villar, Ari Tenorio y una nueva socia llamada Lily Chenlu.
Entre las acusaciones destacan prácticas laborales cuestionables: un «bono» de silencio de apenas 2 mil pesos para evitar protestas por la falta de utilidades; presuntas maniobras para evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante cambios anuales de razón social sin informar a los trabajadores; sueldos pagados parcialmente «por debajo de la mesa», con empleados dados de alta con salarios menores y complementos en efectivo o transferencias; así como descuentos injustificados en propinas por faltas o llegadas tardías, bajo la justificación de que «el restaurante lo requiere». Además, se denuncia un ambiente de terrorismo laboral y condiciones precarias en las sucursales, que según los trabajadores, «se están cayendo a pedazos», por lo que solicitan una inspección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Es importante recordar que el pago de utilidades es un derecho constitucional para los trabajadores. Sin embargo, la ley permite que una empresa no realice este pago si demuestra legalmente ante las autoridades que no obtuvo ganancias. Hasta el momento, estas acusaciones permanecen en el ámbito de las redes sociales, sin confirmación ni resolución oficial por parte de las autoridades laborales.
Este caso pone en evidencia la persistente lucha por los derechos laborales y la justicia social en un país donde la desigualdad económica sigue siendo un desafío. La defensa de los derechos colectivos y la transparencia en las relaciones laborales son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa, donde el crecimiento empresarial no se dé a costa de la explotación y precarización de los trabajadores.
