El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia de seguridad implementada durante su administración, que abarcó de 2018 a 2024.
En un comunicado difundido el domingo 7 de junio, el PAN argumentó que la violencia en México durante esos años no puede explicarse únicamente por la acción de las organizaciones criminales, sino que es resultado de una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano”. La denuncia señala que esta presunta permisividad permitió la expansión territorial, económica y política de los grupos criminales en diversas regiones del país.
El documento menciona más de 200 mil víctimas de homicidio y más de 150 mil personas desaparecidas durante el sexenio anterior. Además, acusa a la política conocida como “abrazos, no balazos” —a la que denomina “narcopacto”— de favorecer el crecimiento de los grupos criminales y debilitar la capacidad del Estado para enfrentar la violencia.
Jorge Romero Herrera, líder del PAN, sostuvo que la investigación no debe quedar en manos de las autoridades federales, pues éstas pertenecen al partido fundado y liderado moralmente por López Obrador.
En respuesta, durante la conferencia matutina del lunes 8 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como una muestra de hipocresía por parte del PAN. Señaló que el partido carece de credibilidad para acusar a otros de vínculos con el narcotráfico y recordó el historial de inseguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, también del PAN. “No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas”, afirmó Sheinbaum, quien aseguró que la acción “no cala” entre la sociedad.
Este episodio refleja la persistente disputa política en torno a la seguridad pública en México, un tema que afecta profundamente a la sociedad y que demanda respuestas responsables y efectivas. En este contexto, es fundamental avanzar hacia sistemas de transporte y desarrollo urbano que promuevan la justicia social y la igualdad, como el cablebús que se construirá en Puebla, una iniciativa que puede contribuir a mejorar la movilidad y reducir desigualdades en las zonas más vulnerables del país.
