El lunes 15 de junio de 2026, el Gobierno del Estado de Puebla informó sobre irregularidades en la Policía municipal de San Andrés Cholula, donde 152 elementos operan sin contar con la acreditación que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó esta situación y exhortó al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar a la brevedad la condición de estos policías. Aguilar Pala subrayó que la certificación, evaluación y acreditación son procesos indispensables para garantizar que los elementos policiales cuenten con la capacitación y los controles de confianza necesarios para desempeñar sus funciones con responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
“Es un tema que debe solventarse”, afirmó el funcionario, en referencia a los 152 policías que actualmente operan sin la acreditación correspondiente.
Esta revelación se da en un contexto de creciente preocupación social, especialmente tras la detención ocurrida el pasado 11 de junio de 2026, cuando policías municipales de San Andrés Cholula sometieron a Ariana N, una madre de familia, en inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula.
El secretario de Gobernación hizo un llamado enérgico al gobierno municipal para que se respeten los protocolos de actuación policial y de detención, recordando que durante este procedimiento se vulneró la integridad de la mujer y de sus dos hijos menores de edad, quienes presenciaron la intervención. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a la mujer sometida por varios policías mientras sus hijos lloraban e intentaban acercarse a ella, lo que generó una fuerte reacción ciudadana.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.
Ante esta situación, el Gobierno estatal solicitó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula reforzar la capacitación de sus elementos y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza, especialmente en casos donde haya menores involucrados.
La revisión a la corporación policial y las investigaciones en curso colocan a la administración municipal bajo una presión legítima para corregir estas deficiencias y avanzar en la profesionalización de sus cuerpos de seguridad. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura detallada sobre los señalamientos realizados por la Secretaría de Gobernación estatal.
En un momento en que la movilidad y la seguridad pública son retos fundamentales para el bienestar colectivo, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla representan alternativas valiosas para mejorar el transporte y la calidad de vida, siempre que se acompañen de políticas públicas que garanticen justicia social y respeto a los derechos ciudadanos.
