Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, presentó el 12 de junio de 2026 una nueva carta ante la corte federal de Brooklyn, Nueva York, en la que invoca la Constitución estadounidense para solicitar su deportación a México y, con ello, obtener su libertad.
Desde la prisión federal de supermáxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumple su condena, Guzmán Loera argumenta que fue erróneamente juzgado y condenado en febrero de 2019 por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. En la misiva dirigida al juez Brian Cogan, el narcotraficante mexicano pide que se tomen en cuenta sus derechos constitucionales para revisar su caso y permitir su retorno a territorio nacional.
“Esta es una carta concerniente pidiendo al juez que use los poderes de la Constitución para mi siguiente caso de apelación en la corte”, señala El Chapo, quien desde hace algunos meses utiliza formalmente este apodo en sus comunicaciones. Además, agradece al juez Cogan por “seguir las leyes y tomar en serio mi solicitud para volver a México para mi libertad”.
El juez Cogan, responsable de casos de alto perfil como el del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el exsocio de Guzmán, Ismael Zambada García, ha desestimado previamente varias de las cartas presentadas por El Chapo, argumentando falta de mérito legal. Sin embargo, las recientes solicitudes aún están pendientes de respuesta.
Cabe recordar que Guzmán fue reclutado en su adolescencia por Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara, y tras la detención de este en 1989, fundó junto con tres socios el cártel de Sinaloa, que se convirtió en la organización criminal más grande del mundo. Su figura ha trascendido más allá del crimen, formando parte del folclore mexicano a través de narcocorridos que relatan sus hazañas.
Este nuevo intento de apelación pone en evidencia la compleja relación entre la justicia estadounidense y la realidad social y política de México, donde la lucha contra el narcotráfico ha sido históricamente desigual y marcada por la impunidad. La solicitud de Guzmán, aunque polémica, abre un debate sobre los derechos legales y humanos incluso de quienes han sido condenados por crímenes graves, en un contexto donde la justicia debe ser imparcial pero también consciente de las condiciones sociales que originan la violencia y la desigualdad.
