Durante la sesión de este jueves 18 de junio de 2026 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Loretta Ortiz Ahlf causó revuelo en redes sociales tras afirmar que los hoteles “all inclusive” excluyen a los mexicanos y están destinados únicamente a extranjeros. Esta declaración se dio en el contexto de una discusión sobre el acceso a playas, espacios turísticos y el aprovechamiento de bienes nacionales.
Videos difundidos en plataformas como X y Facebook muestran que la ministra interpretó de manera literal el término “all inclusive”, común en la industria turística internacional para referirse a paquetes que incluyen hospedaje, alimentos, bebidas y otros servicios dentro de una tarifa única, sin distinción de nacionalidad. Durante la sesión, una persona le entregó una nota manuscrita para aclararle el significado del término en inglés, lo que generó una ola de críticas y burlas en redes sociales.
El episodio pone en evidencia la importancia de la preparación y el conocimiento preciso de los temas tratados en el máximo tribunal, especialmente cuando se discuten asuntos que afectan derechos colectivos y el acceso equitativo a bienes nacionales. La reacción pública también refleja la creciente atención ciudadana hacia las sesiones de la nueva integración de la Suprema Corte, cuyas deliberaciones son transmitidas en vivo y seguidas con interés por la sociedad.
Cabe recordar que México es uno de los países con mayor oferta de hoteles “all inclusive”, especialmente en destinos turísticos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Huatulco, donde tanto mexicanos como extranjeros pueden acceder pagando la tarifa correspondiente. Este modelo de turismo, aunque criticado por su impacto ambiental y social, representa una forma de acceso a servicios turísticos que debe ser entendido con precisión para evitar confusiones que desinformen sobre derechos y posibilidades de la población.
Hasta el momento, la ministra Ortiz no ha emitido ninguna aclaración pública respecto a las reacciones generadas por su comentario. En un país marcado por profundas desigualdades y luchas históricas por el acceso justo a los recursos, es fundamental que las autoridades judiciales actúen con rigor y responsabilidad, garantizando que sus intervenciones contribuyan a la justicia social y no a la desinformación.
