Un año después de que le fuera cancelada su visa de turista, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, habría intentado establecer un acuerdo con autoridades estadounidenses en una reunión realizada en el consulado de Estados Unidos en Tijuana.
En mayo de 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora. Días después, Ávila Olmeda informó que también le habían notificado la cancelación de su documento migratorio.
Durante el tercer fin de semana de junio de 2026, trascendió un audio en el que la morenista subraya la importancia de sostener la reunión con funcionarios estadunidenses. En sus palabras, “Para mí es importante. Estoy tranquila, me he reunido con las agencias que me han buscado y estoy en la mejor disposición”.
En medio de la traducción del inglés al español entre un funcionario estadounidense y uno de sus colaboradores, la gobernadora expresó su disposición para resolver y aclarar cualquier situación, aunque insistió en que preferiría que las gestiones se realizaran a través de su abogado, quien se encarga de todos los trámites jurídicos.
Ávila Olmeda explicó que su representante legal radica en Miami, Florida, y que decidió contratar a un abogado fuera de Baja California para evitar filtraciones sobre los procedimientos que lleva a cabo. Añadió que dicho abogado “viene cuando se requiere, una vez al mes”.
Este episodio pone en evidencia las complejas relaciones entre funcionarios mexicanos y el gobierno estadounidense, en un contexto donde la soberanía y la transparencia deben prevalecer para proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos. La búsqueda de acuerdos debe estar siempre orientada al beneficio social y a la defensa de la justicia, no a intereses particulares ni a la opacidad que caracteriza a las élites en el poder.
