El lunes 8 de junio de 2026, un juez de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula negó la suspensión condicional del proceso a Marilyn Cote, quien enfrenta cargos por usurpación de profesión y amenazas. La defensa de la acusada solicitó un cambio en sus medidas cautelares argumentando que las víctimas no habían sufrido daño moral, pero la petición fue rechazada.
Durante la audiencia, realizada de manera remota debido a que la imputada no estuvo presente físicamente, se informó que Marilyn Cote continuará recluida en el penal de Ciudad Serdán mientras avanza su proceso judicial. La negativa del juez se fundamentó en el riesgo que representa la liberación de la acusada y en la acreditación de que las víctimas sí padecieron daños morales, físicos y psicológicos.
Este caso, que ha generado preocupación social, refleja la importancia de que la justicia actúe con firmeza para proteger a quienes han sido vulnerados por prácticas fraudulentas que afectan la salud y el bienestar colectivo. La decisión judicial acerca a las víctimas a la posibilidad de un juicio oral, paso fundamental para que se haga justicia y se reconozcan sus derechos.
En un contexto donde la desigualdad y la impunidad suelen prevalecer, es indispensable que las instituciones garanticen la protección de la sociedad frente a quienes usurpan profesiones y ponen en riesgo la integridad de las personas. La firmeza en este caso es un avance en la defensa de los derechos colectivos y la justicia social.
