Un nuevo episodio de violencia y presunta impunidad sacude al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. La noche del sábado 6 de junio de 2026, habitantes denunciaron que Uriel Paniagua Vargas, subdirector de Servicios Públicos Municipales y cuñado de la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, participó en una agresión física contra un hombre y realizó disparos de arma de fuego durante una riña.
Los denunciantes señalaron que Paniagua Vargas golpeó a una de las víctimas y posteriormente efectuó detonaciones, mientras que elementos de la Policía Municipal habrían incurrido en omisiones al atender el incidente. Además, se reportaron obstáculos para presentar formalmente la querella ante la Fiscalía General del Estado, lo que genera preocupación sobre la imparcialidad y eficacia de las autoridades locales.
Este caso adquiere una relevancia política mayor al ocurrir apenas dos días después de que, el 8 de junio, el Cabildo de Acatlán aprobara solicitar al Congreso del Estado la destitución y eventual revocación de mandato de la alcaldesa Bárcenas. La solicitud se fundamenta en presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia, manejo cuestionable de recursos públicos y acusaciones de nepotismo dentro del gobierno municipal.
Los reclamos del Cabildo también incluyen denuncias sobre dificultades para acceder a información financiera del Ayuntamiento, inconformidades por presuntos abusos de funcionarios y cuestionamientos al funcionamiento de diversas áreas de la administración. En este contexto, la denuncia contra un familiar directo de la alcaldesa vuelve a poner en evidencia la fragilidad institucional y la posible concentración de poder en la administración local.
Las víctimas han exigido que la investigación sea atraída y realizada de manera imparcial por autoridades estatales, para evitar cualquier sospecha de protección política derivada del parentesco de Paniagua Vargas con la presidenta municipal. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones.
La alcaldesa Guadalupe Bárcenas ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra por regidores, calificándolas como parte de una campaña de desgaste político impulsada por sus adversarios. Sin embargo, este nuevo escándalo aumenta la presión sobre una administración que enfrenta un escrutinio político sin precedentes en la Mixteca poblana.
Mientras las víctimas buscan formalizar la denuncia y obtener justicia, la sociedad demanda claridad y transparencia para evitar que el abuso de poder y el encubrimiento institucional prevalezcan. La pregunta fundamental que permanece es si las autoridades actuarán con la misma firmeza que aplicarían contra cualquier ciudadano o si el parentesco con la presidenta municipal prevalecerá sobre la ley.
Este caso refleja la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que el ejercicio del poder público sirva al interés colectivo, combatiendo las prácticas que perpetúan la desigualdad y la impunidad en los gobiernos locales.
