La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, investigado por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
Según la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024, el docente, con más de 30 años de trayectoria en la institución, es señalado por presuntos abusos ocurridos en distintos momentos dentro y fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista.
Las indagatorias detallan que Francisco “N” también desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel, bajo el argumento de actividades de apoyo y orientación. Esta cercanía facilitó, según la investigación, la comisión de los actos denunciados.
Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las denominadas Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles utilizados por la congregación como espacios recreativos y de convivencia. En su declaración ministerial, el alumno relató que el traslado se realizó en un vehículo particular y que, al llegar al inmueble, el docente le mostró distintas áreas antes de conducirlo a una habitación, donde ocurrieron actos de carácter sexual.
Tras estos hechos, el estudiante regresó al plantel junto con el profesor, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, elemento que forma parte de la carpeta de investigación. Además, se señala que el docente mantuvo contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos, y que otros estudiantes identificaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que este caso no habría sido un hecho aislado. El denunciante manifestó que, con el paso de los años, conoció a otros exalumnos que compartieron experiencias similares relacionadas con el docente. Estos testimonios forman parte del contexto analizado por el Ministerio Público para determinar el alcance de las acusaciones y establecer si existen más personas afectadas.
Asimismo, los testimonios indican que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones, aunque hasta ahora no se han presentado denuncias adicionales. La Fiscalía deberá esclarecer si existen más personas que puedan aportar información relacionada con los hechos investigados.
De acuerdo con las declaraciones incluidas en el expediente, algunos alumnos reportaron que las conductas atribuidas al profesor eran conocidas dentro de la comunidad escolar, pero no se activaron medidas inmediatas por parte de las autoridades institucionales.
La denuncia también señala que algunos estudiantes buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el docente. Sin embargo, los denunciantes consideran que las acciones adoptadas por directivos y responsables de atención estudiantil fueron insuficientes.
Un aspecto fundamental que la Fiscalía deberá esclarecer es qué información conocieron las autoridades del plantel y cuáles fueron las medidas implementadas tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al profesor. Hasta el momento, no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y atención a estudiantes, así como de garantizar que las instituciones educativas actúen con transparencia y responsabilidad ante denuncias de abuso, para evitar que la desigualdad y la impunidad sigan afectando a las generaciones jóvenes.
