La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha solicitado la intervención urgente de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local, ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en el municipio de Tenancingo.
Este llamado surge a raíz de citatorios emitidos por la policía municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez.
Los periodistas fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026, donde se les atribuyen presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivados de publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales relacionados con la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco.
Según el documento de denuncia, los señalamientos incluyen supuestas expresiones de insulto, sarcasmo e ironía; sin embargo, los comunicadores sostienen que sus publicaciones forman parte del ejercicio legítimo de análisis y crítica hacia el desempeño de la administración municipal, especialmente en temas de servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo.
Este caso abre un debate fundamental sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones, un tema que debe resolverse siempre en favor del escrutinio ciudadano y la transparencia.
Los periodistas fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG), con sede en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En dicho proceso, se les advirtió sobre la posibilidad de una sanción económica derivada de un supuesto daño psicológico a la edil, quien habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los señalados.
Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal habría solicitado a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración o dar difusión a contenidos de la prensa local, lo que representa una restricción inadmisible a la libre discusión pública y al debate democrático, pilares esenciales para la justicia social y la igualdad.
La denuncia de la alcaldesa se basa en que las publicaciones periodísticas la revictimizan al retomar un presunto secuestro que habría sufrido y que fue difundido previamente en medios de comunicación, a partir de un video en el que ella misma relató los hechos.
Los comunicadores sostienen que su labor informativa se fundamenta en investigación periodística y solicitudes de información pública, por lo que reiteran que sus contenidos se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental, derechos conquistados tras largas luchas sociales y que deben ser protegidos frente a cualquier intento de censura o intimidación.
Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en la entidad y evitar cualquier forma de criminalización contra quienes ejercen labores de comunicación, especialmente en el contexto de las reformas en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de México.
Este caso pone en evidencia la persistente vulnerabilidad de la prensa independiente frente a poderes locales que buscan silenciar la crítica, un obstáculo que debe superarse para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y democrática.
