Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La legislación prohíbe que los comercios electrónicos utilicen términos como «comprar» o «propiedad» sin advertir claramente que los juegos digitales son licencias revocables y no propiedad definitiva.
La demanda surge en un contexto de creciente descontento entre la comunidad de jugadores, tras el cierre de servidores que ha dejado inaccesibles títulos por los que se pagó el precio completo. Un caso reciente es el de Destruction AllStars, un videojuego exclusivo de PS5 que Sony retiró en mayo de 2026, dejando solo disponible un modo para un jugador que desaparecerá el 25 de noviembre de este año, lo que hará inútil el software para quienes lo adquirieron.
Este fenómeno comenzó en 2023 con Ubisoft y el cierre de servidores de The Crew, que motivó la creación de la ley AB 2426 por la asambleísta Jacqui Irwin. Además, ha impulsado el movimiento internacional Stop Killing Games, que exige a las editoras garantizar el acceso a los juegos mediante parches que permitan jugar sin depender de servidores oficiales.
Sony enfrenta en 2026 múltiples litigios. Entre ellos, un acuerdo preliminar de 7.85 millones de dólares por prácticas antimonopolio que inflaron precios al prohibir la venta de códigos digitales en tiendas minoristas entre 2019 y 2023. La audiencia final será el 15 de octubre de 2026 y los usuarios afectados recibirán compensaciones automáticas.
También en mayo de 2026 se presentó una demanda por sobreprecios en hardware, acusando a Sony de aumentar el precio de la PS5 bajo el argumento de aranceles y luego retener las devoluciones sin beneficiar a los consumidores.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar los términos en su tienda digital para reflejar la naturaleza de licencia de sus productos, este caso representa un avance en la lucha por la justicia digital y la defensa de los derechos de los consumidores frente a las prácticas corporativas que profundizan la desigualdad y la precariedad en el acceso a bienes culturales.
