Las autoridades de los Países Bajos confirmaron el primer caso de eutanasia practicada a un niño de entre 1 y 12 años desde que en febrero de 2024 entró en vigor la normativa que permite este procedimiento para menores con enfermedades incurables que sufren de manera insoportable y sin perspectivas de mejoría.
La ministra neerlandesa de Salud, Sophie Hermans, informó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar casos de interrupción tardía del embarazo y terminación de vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a finales de 2025 y recientemente concluyó su examen.
De acuerdo con la ministra, la comisión revisó el expediente, escuchó al médico responsable y remitió su dictamen a la Fiscalía, que ahora debe determinar si el facultativo actuó conforme a la legislación vigente. No se ha revelado la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía.
La legislación vigente desde febrero de 2024 amplió el marco legal para incluir a niños entre 1 y 12 años en fase terminal, siempre que sufran de forma insoportable y sin esperanza de recuperación. La decisión debe contar con el consentimiento de los padres y ser evaluada por al menos un médico independiente.
Este caso es el primero registrado en esta categoría desde la ampliación, pues antes la eutanasia solo estaba permitida para recién nacidos y menores mayores de 12 años. Al aprobarse la normativa, se estimó que alrededor de cinco niños al año podrían cumplir los requisitos para acceder a este procedimiento, en su mayoría con anomalías congénitas o enfermedades metabólicas.
La introducción de esta posibilidad generó un intenso debate político y ético en Países Bajos. Partidos conservadores y confesionales han cuestionado la regulación, mientras que asociaciones médicas han defendido la necesidad de un marco legal que permita atender situaciones excepcionales de sufrimiento extremo, en defensa de la dignidad y el alivio del dolor.
Por otra parte, la comisión recibió en 2025 tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo, todas relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales derivados de infecciones congénitas por citomegalovirus. En estos casos, los médicos actuaron tras constatar la ausencia de tratamientos capaces de mejorar el pronóstico, y que de llegar al nacimiento, los niños habrían padecido discapacidades neurológicas severas, epilepsia de difícil tratamiento y dependencia total de cuidados. La comisión concluyó que los médicos actuaron conforme a los requisitos legales de diligencia.
Este caso pone en relieve la complejidad de las decisiones en torno al derecho a una muerte digna, especialmente en contextos de sufrimiento infantil extremo, y la importancia de contar con regulaciones claras que protejan tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud.
