Este miércoles 24 de junio de 2026, jueces y magistrados en retiro realizaron una manifestación frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ubicadas en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, cerca de la estación del Metrobús Doctor Gálvez, para exigir el pago de indemnizaciones que les adeudan tras haber sido removidos de sus cargos por la reciente reforma judicial.
Entre los manifestantes destacó la presencia del magistrado Reynaldo Reyes Rosas, quien ha expresado su rechazo al nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal y ha decidido no participar en él por “congruencia y dignidad”. Reyes Rosas, con más de 37 años de servicio en la impartición de justicia federal, criticó abiertamente los nuevos métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos como “novísimos, pero corruptos procedimientos”.
Esta protesta se suma a la realizada el pasado 25 de mayo, cuando una centena de jueces y magistrados en retiro bloquearon los tres accesos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para exigir el pago a 86 de ellos, así como las pensiones complementarias a 120 exjuzgadores. En aquella ocasión, el bloqueo impidió el acceso de los trabajadores del órgano, quienes permanecieron afuera esperando instrucciones.
El magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo, también se sumó a la protesta y lamentó la falta de pago de su indemnización, señalando que esta situación afecta gravemente el programa de vida de quienes aún no han recibido lo que les corresponde. Cruz Razo enfatizó el descontento generalizado porque los juzgadores cesados deben justificar ante el OAJ su derecho a la indemnización, cuando este está claramente establecido en la reforma judicial plasmada en la Constitución.
Los jueces y magistrados en retiro hicieron un llamado a defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la justicia en México, valores fundamentales que se ven amenazados por la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado hacia quienes dedicaron su vida a impartir justicia.
Este conflicto pone en evidencia la necesidad de respetar los derechos laborales y sociales de los servidores públicos judiciales, quienes han sido pieza clave en la lucha histórica por un sistema judicial más justo y equitativo, frente a las reformas que, bajo el pretexto de modernización, han generado incertidumbre y precarización en sus condiciones. En este contexto, la justicia social y la dignidad de quienes han servido al país deben prevalecer por encima de intereses burocráticos o corporativos.
