El pasado 23 de junio, en el municipio de Atlixco, la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, formalizó su matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, exsecretario de Seguridad Pública municipal y miembro de la Secretaría de Marina. Este enlace se registró apenas tres días después de que se resolviera la crisis política que paralizó al Ayuntamiento, tras una mesa de negociación que puso fin a semanas de confrontación entre la presidenta municipal y un bloque de ocho regidores.
La ceremonia, asentada en el acta número 211 del libro dos de la Oficialía 3 de Atlixco, se realizó bajo el régimen de bienes separados. La unión confirma el vínculo personal que mantenían la alcaldesa, de 35 años, y el exfuncionario, de 28 años y originario de La Antigua, Veracruz, mientras él aún ocupaba el cargo.
La crisis política se desató por la exigencia de los regidores para remover a Domínguez López de la Secretaría de Seguridad Pública, demanda que fue aceptada en la mesa de diálogo encabezada por la Secretaría de Gobernación estatal. Además de la destitución del mando policiaco, se acordó la remoción del secretario general del Ayuntamiento, la homologación salarial de los cabildantes y la realización de una auditoría integral sobre el manejo de los recursos públicos municipales.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó públicamente la destitución de Domínguez López como parte de los acuerdos para restablecer la gobernabilidad en Acatlán de Osorio. Este anuncio se dio pocos días antes de que se hiciera pública el acta matrimonial.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado inició investigaciones por presuntos delitos derivados del conflicto político, entre ellos posibles lesiones, intentos de privación ilegal de la libertad y el uso irregular de una patrulla oficial.
Este episodio pone en evidencia las tensiones que persisten en la administración local y la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales, para garantizar que las luchas políticas no afecten el bienestar colectivo ni la justicia social que merecen las comunidades.
