La Secretaría de Cultura federal, a través de su titular Claudia Curiel, emitió un comunicado este miércoles 24 de junio de 2026 para exigir el retiro inmediato de 33 piezas arqueológicas mexicanas que forman parte del catálogo de la subasta “Tribal Addiction”, programada para realizarse en la casa Millon de París.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha determinado que estos objetos son parte integral del patrimonio cultural de México, por lo que su venta contraviene las leyes nacionales de protección de bienes arqueológicos. La funcionaria calificó estas acciones como un acto de responsabilidad de Estado, orientado a preservar la memoria histórica y la riqueza identitaria de la nación bajo el lema “Mi patrimonio no se vende”.
La subasta, organizada por Millon & Associés, incluye 54 lotes con piezas provenientes de diversas culturas prehispánicas mexicanas, entre ellas la maya, olmeca, teotihuacana, mexica, totonaca y chontal. Se espera que la venta recaude alrededor de 168 mil euros, equivalentes a más de 3 millones de pesos mexicanos.
Entre los objetos más valiosos destacan una máscara teotihuacana, una estatua totonaca veracruzana que representa a un jugador de pelota y un hacha doméstica de origen maya.
Las autoridades mexicanas han hecho un llamado directo a la sensibilidad de la casa de subastas para que desista de comerciar con estos bienes que representan el legado histórico de los pueblos originarios. El destino de estos lotes permanece bajo el escrutinio de las instituciones culturales mexicanas, que mantienen una postura firme en la defensa y recuperación de la soberanía arqueológica del país en el extranjero.
Estas gestiones forman parte de una estrategia internacional intensificada durante el actual sexenio, que ha logrado la repatriación histórica de miles de piezas mediante la campaña permanente “Mi Patrimonio No Se Vende”. Desde 2018, el gobierno mexicano ha recuperado aproximadamente 16 mil 500 piezas culturales, enfrentando subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, y fortaleciendo demandas ante gobiernos extranjeros para la restitución de objetos robados o que pertenecen al patrimonio nacional.
Este esfuerzo es fundamental para contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales, un fenómeno que perpetúa la desigualdad y la pérdida de identidad de los pueblos originarios, y que debe ser enfrentado con la firmeza que exige la justicia social y el respeto a la memoria colectiva.
