El martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó, en una decisión dividida de 6 votos contra 3, las leyes estatales de West Virginia e Idaho que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos escolares. Este fallo representa un nuevo revés para los derechos de las personas LGBTQ+, en particular para las jóvenes transgénero que buscan competir en igualdad de condiciones.
La controversia surgió a partir de dos casos emblemáticos: Becky Pepper-Jackson, una estudiante de 16 años de West Virginia que ha recibido bloqueadores de la pubertad y tratamiento con estrógeno, y Lindsay Hecox, de 25 años y estudiante universitaria de Idaho, quien ha seguido tratamientos para suprimir la testosterona y con estrógeno. Ambas impugnaron las leyes restrictivas de sus respectivos estados, que definen el sexo biológico exclusivamente por la genética al nacer y excluyen a personas transgénero de las categorías femeninas en competencias deportivas.
En la opinión redactada por el juez Brett Kavanaugh, la Corte sostuvo que estas leyes no violan ni la 14.ª Enmienda, que garantiza la igualdad ante la ley, ni el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en la educación. Kavanaugh afirmó que “la Constitución y el Título IX no exigen una transformación de los deportes femeninos y para niñas en todo Estados Unidos”. Sin embargo, reconoció la importancia de respetar el deseo de las niñas y mujeres transgénero de competir, señalando que no deben ser “marginadas ni vilificadas”.
Aunque el fallo afecta directamente solo a West Virginia e Idaho, se anticipa que tendrá repercusiones en al menos otros 25 estados con prohibiciones similares, consolidando una tendencia regresiva en materia de derechos transgénero. Esta decisión se suma a una serie de resoluciones recientes de la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora es de 6-3, que han limitado derechos fundamentales de esta comunidad. Entre ellas, destacan la confirmación de leyes que prohíben tratamientos de transición para menores, la validación de políticas que restringen la identidad de género en documentos oficiales y la mantención de prohibiciones para que personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas.
Este retroceso contrasta con un fallo aislado de 2020, cuando la Corte determinó que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a las personas contra la discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual. Sin embargo, la actual orientación del tribunal refleja una postura que limita el avance en la igualdad y la justicia social para las personas transgénero.
Cabe señalar que estas decisiones ocurren en un contexto político y social marcado por la oposición de sectores conservadores y corporativos a los derechos LGBTQ+. La administración del expresidente Donald Trump, por ejemplo, impulsó políticas y órdenes ejecutivas para restringir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y respaldó a los estados en estos litigios. A nivel internacional, el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo que las mujeres transgénero ya no podrán competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos, mientras que la NCAA y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos han impuesto nuevas restricciones.
En un país donde la desigualdad y la exclusión social persisten, estas decisiones judiciales evidencian la necesidad de continuar la lucha histórica por los derechos colectivos y la igualdad real. La defensa de los derechos de las personas transgénero no solo es una cuestión de justicia individual, sino un paso indispensable para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, donde el acceso a oportunidades, como el deporte
