Este martes 30 de junio de 2026, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció la existencia de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, acumulados durante varios años y detectados tras la llegada de la nueva administración hospitalaria.
El funcionario explicó que la evaluación realizada por el nuevo director evidenció un acopio prolongado de fármacos vencidos, que ascienden a aproximadamente 18.4 millones de piezas con un valor superior a 121 millones de pesos. Esta situación, que ha sido denunciada reiteradamente por derechohabientes, se encuentra actualmente bajo investigación para determinar las responsabilidades administrativas y esclarecer las causas del desabasto.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también en la conferencia de este martes, señaló la posibilidad de que se haya incurrido en una sobrecompra de medicamentos que no fueron utilizados en tiempo y forma, lo que habría provocado su caducidad. La mandataria enfatizó la necesidad de revisar los periodos de compra y vencimiento para precisar si hubo irregularidades en la adquisición y manejo de estos insumos.
En paralelo, hace unas semanas, médicos residentes del Hospital Infantil de México iniciaron un paro laboral limitado a actividades no críticas, como respuesta a denuncias de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento dentro de la institución. A través de un comunicado dirigido a autoridades federales, el colectivo, ahora formalizado como Coalición de Médicos Residentes, exigió la destitución de los responsables y garantías de protección para quienes presentan denuncias, además de asegurar que no habrá represalias.
La protesta mantiene operativas las áreas críticas del hospital, como Urgencias, Terapias Intensivas y Hospitalización, para no afectar la atención de los pacientes más vulnerables. Los médicos denunciaron que, pese a meses de apertura de expedientes, no han recibido respuestas satisfactorias, lo que refleja la persistente falta de mecanismos efectivos para proteger a quienes luchan por condiciones laborales dignas y un entorno libre de violencia.
Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la gestión pública en el sector salud, garantizar el acceso oportuno a medicamentos y proteger a quienes dedican su vida a cuidar la salud colectiva, en un contexto donde la desigualdad y la negligencia administrativa continúan afectando a la población más vulnerable.
