En Guanajuato, seis personas han perdido la vida tras consumir tequila adulterado, un hecho que pone en evidencia la persistente vulnerabilidad social ante la falta de regulación efectiva y el riesgo que representa el mercado ilegal de bebidas alcohólicas.
El 8 de junio pasado se reportaron múltiples casos de intoxicación en Salamanca, todos relacionados con una fiesta de XV años celebrada dos días antes. La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó la muerte de dos personas, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó el fallecimiento de un tercer paciente. Posteriormente, una cuarta persona murió en su domicilio y, más tarde, se informó sobre la muerte de una quinta víctima, entre ellas el padre de la quinceañera.
Tras varias semanas, este fin de semana se registró la muerte de un hombre de 52 años llamado José Luis, quien también consumió tequila adulterado, aunque no asistió a la fiesta. Se descubrió que había comprado la botella días antes en Irapuato, lo que amplía la preocupación sobre la distribución de esta bebida contaminada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato inició una investigación por esta intoxicación masiva. Los análisis realizados confirmaron que el alcohol contenía una concentración excesiva de metanol, sustancia altamente tóxica y prohibida en bebidas alcohólicas.
La gobernadora Libia García informó a medios que ya se ha identificado el origen del tequila adulterado, aunque se reservó detalles para no entorpecer las indagatorias. Por su parte, el fiscal Gerardo Vázquez confirmó la detención de varios responsables, aunque evitó proporcionar más información, asegurando que la carpeta de investigación avanza de manera firme.
Este trágico suceso refleja la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para proteger a la población, especialmente a quienes, en medio de la desigualdad y la precariedad, se ven expuestos a riesgos evitables. La lucha por la justicia social y la defensa de los derechos colectivos debe incluir la garantía de acceso a productos seguros y regulados, frente a un sistema que muchas veces prioriza las ganancias sobre la salud y la vida de las personas.
