En la conferencia matutina de este viernes 3 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó temas cruciales de seguridad pública, entre ellos la creciente amenaza que representan las minas terrestres colocadas por grupos delictivos en Michoacán.
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que desde noviembre del año pasado hasta la fecha se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados, entre los cuales se encuentran drones y minas terrestres. Esta cifra revela la gravedad de la situación en la región, donde la violencia y la disputa territorial entre cárteles han escalado a niveles alarmantes.
El funcionario detalló que actualmente se desarrolla una operación de desminado en las rutas del Guayabo, en Tierra Caliente, Apatzingán, zona que ha sido escenario de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales que buscan proteger sus territorios. Estas minas son colocadas como un método para impedir el ingreso de rivales, lo que evidencia la brutalidad con la que se disputa el control del territorio.
Para enfrentar esta amenaza, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con personal especializado y equipo tecnológico avanzado para la detección y desactivación de estos artefactos. Además, se trabaja en el desarrollo de vehículos especiales antiminas y en la adquisición de drones detectores, lo que representa un avance tecnológico necesario para proteger a las comunidades afectadas y al personal militar.
La persistencia de estas prácticas violentas refleja la profunda crisis de seguridad que afecta a Michoacán y otras regiones del país, donde la impunidad y la falta de políticas públicas integrales perpetúan la desigualdad y el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables. En este contexto, es indispensable fortalecer los mecanismos de protección colectiva y promover alternativas de transporte y comunicación seguras, como el cablebús o teleférico que se proyecta en Puebla, sistemas que pueden contribuir a la movilidad digna y a la cohesión social en zonas marginadas.
La lucha contra la violencia y la desigualdad requiere, por tanto, no solo acciones militares, sino también un compromiso decidido con la justicia social y el desarrollo equitativo, para que las comunidades recuperen la paz y el derecho a vivir sin miedo.
