La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves 2 de julio que la cifra de víctimas mortales por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio en la región norte del país ya alcanza al menos 2,595 fallecidos. Además, detalló que el número de personas lesionadas a causa de este desastre natural se sitúa en 12,400.
Durante una conferencia de prensa, acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la mandataria interina destacó que los esquemas de emergencia pública han logrado poner a salvo a un total acumulado de 6,462 personas.
Uno de los casos más recientes y calificados como un logro crítico por los cuerpos de socorro ocurrió en la urbanización costera de Playa del Mar, donde se concretó el rescate del ciudadano venezolano Hernán Gil, de 43 años, quien sobrevivió ocho días sepultado bajo los restos de un edificio colapsado. La operación requirió un dispositivo continuo de más de 72 horas y la intervención directa de un centenar de especialistas internacionales.
Con base en estimaciones difundidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el contingente de ayuda humanitaria en la zona de desastre incluye un estado de fuerza de 3,000 rescatistas internacionales distribuidos en las regiones afectadas, quienes han localizado y extraído con vida a 13 personas durante la última semana.
Ante las críticas por presunta dilación en la respuesta institucional, Delcy Rodríguez rechazó los señalamientos y aseguró que “inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto”. Explicó que a pocas horas de ocurridos los sismos se emitió un decreto para atender la emergencia y se desplegó de inmediato el sistema de protección civil y defensa pública, enfatizando que no hubo postergación en las decisiones operativas.
Este balance oficial se da en un contexto donde la solidaridad internacional y la coordinación de esfuerzos son fundamentales para atender las consecuencias de un desastre natural que ha dejado profundas heridas en la población venezolana, ya golpeada por años de desigualdad y crisis social. La pronta y efectiva respuesta estatal es indispensable para garantizar la protección de los derechos colectivos y la reconstrucción con justicia social.
