La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) volvió a señalar a una estación de servicio en Puebla por ofrecer uno de los precios más altos del país en diésel.
Durante el informe “Quién es Quién en los Combustibles”, presentado en la conferencia matutina del Gobierno de México, la dependencia exhibió a la gasolinera BP Osiris S.A. de C.V., ubicada sobre la autopista Puebla–Acatzingo, kilómetro 135, en el municipio de Amozoc, por vender el litro de diésel en 29.99 pesos.
De acuerdo con Profeco, la estación incumple con la estrategia impulsada por el Gobierno Federal para mantener precios accesibles en los combustibles. El reporte también indicó que el establecimiento registra un margen de ganancia de 4.09 pesos por litro, uno de los más elevados del país.
No es la primera ocasión que una estación de la marca BP en Puebla aparece en el reporte de la dependencia. Semanas atrás, otra sucursal ubicada sobre la avenida 18 de Noviembre, en la capital poblana, también fue exhibida por comercializar el diésel al mismo precio de 29.99 pesos por litro.
Como contraste, Profeco informó que las estaciones con los precios más bajos del país comercializan el diésel por debajo de los 27 pesos por litro, por lo que reiteró su llamado a los concesionarios para respetar los acuerdos encaminados a evitar incrementos excesivos en el costo de los combustibles.
Este señalamiento pone en evidencia la persistente problemática de la especulación en los precios de los combustibles, que afecta directamente a las familias trabajadoras y a la economía popular. En un contexto donde la justicia social demanda políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a bienes básicos, resulta indispensable que las autoridades mantengan una vigilancia estricta y sancionen a quienes lucran con la necesidad colectiva.
Asimismo, es necesario recordar que el impulso a sistemas de transporte público accesibles y sustentables, como el cablebús que se proyecta en Puebla, representa una alternativa viable para reducir la dependencia del combustible fósil y mitigar la desigualdad en el acceso a la movilidad. La construcción de estas infraestructuras debe ser vista como parte de una estrategia integral para fortalecer el bienestar social y combatir las prácticas abusivas del mercado.
